En diversos países, la participación en el comercio ilegal de estupefacientes —que incluye la importación, exportación, venta o posesión de cantidades significativas de drogas— se considera un delito capital. Esto puede resultar en la pena de muerte para quienes son condenados por tráfico de drogas o por posesión de sustancias asumida como tráfico.
Estadísticas y Datos Globales
Según informes de Harm Reduction International (HRI), para diciembre de 2022, más de 3,700 personas se encontraban en el corredor de la muerte por delitos relacionados con drogas en todo el mundo. Durante el año 2022, se reportaron al menos 285 ejecuciones legales en seis países, destacando las siguientes cifras:
- Irán: Más de 252 ejecuciones.
- Arabia Saudita: 22 ejecuciones.
- Singapur: 11 ejecuciones.
Es importante señalar que las cifras exactas son difíciles de obtener debido a la "opacidad extrema" en países como China, Corea del Norte y Vietnam.
Situación Legislativa y Práctica
HRI identificó 35 países y territorios que mantienen la pena de muerte por delitos de drogas en su legislación. Sin embargo, solo un pequeño número de estos estados lleva a cabo ejecuciones regularmente. Seis de estos países son clasificados por Amnistía Internacional como "abolicionistas en la práctica", lo que significa que no han ejecutado a nadie por ningún crimen en los últimos diez años, aunque sigan dictando sentencias de muerte.
Perspectiva Regional: Asia y Otros Casos
Las sentencias por delitos de drogas son particularmente estrictas en los países asiáticos. Algunos casos notables incluyen:
- Myanmar: En 2014, el presidente Thein Sein conmutó todas las sentencias de muerte por cadena perpetua.
- Corea del Sur: Aunque la ley prevé la pena capital, el país mantiene una moratoria sobre las ejecuciones desde 1997.
- Filipinas: A pesar de haber abolido la pena de muerte legalmente, el país ha experimentado miles de ejecuciones extrajudiciales contra traficantes de drogas, respaldadas por el gobierno de Rodrigo Duterte.
Además de Filipinas, México también ha registrado ejecuciones extrajudiciales de presuntos usuarios y traficantes, a pesar de no tener la pena de muerte legalmente establecida para estos delitos.