El 26 de mayo de 2019, Rumania llevó a cabo un referéndum consultivo fundamental para el futuro de su sistema judicial. Esta votación coincidió con las elecciones al Parlamento Europeo, buscando una respuesta ciudadana sobre dos temas críticos: la prohibición de amnistías y indultos para delitos de corrupción y la limitación del poder del Gobierno para emitir ordenanzas de emergencia en materia judicial.
Antecedentes y Contexto
La iniciativa fue impulsada por el presidente Klaus Iohannis, quien firmó el decreto para realizar el referéndum el 25 de abril de 2019. Este proceso surgió como respuesta a las intensas protestas contra la corrupción que sacudieron al país tras la controvertida Ordenanza 13 en 2017.
El presidente Iohannis anunció inicialmente su intención de convocar la consulta el 23 de enero de 2019, aunque el procedimiento se suspendió temporalmente para ampliar las cuestiones a votar, requiriendo un nuevo trámite parlamentario. Finalmente, las preguntas planteadas a los electores fueron:
- ¿Se deben prohibir las amnistías y los indultos para los delitos de corrupción?
- ¿Se debe prohibir que el Gobierno adopte ordenanzas de emergencia en el ámbito de los delitos, las penas y la organización judicial, otorgando a otras autoridades constitucionales el derecho de someter dichas ordenanzas al Tribunal Constitucional?
El Proceso Parlamentario
El camino hacia el referéndum no estuvo exento de conflictos. Aunque el Parlamento aprobó la consulta en una votación no vinculante el 17 de abril, hubo fuertes tensiones entre el Partido Liberal Nacional (PNL) y la Unión Salva Rumania (USR) frente al Partido Socialdemócrata (PSD). Las disputas se centraron en recomendaciones introducidas por el PSD que, según la oposición, no habían sido discutidas previamente en los comités judiciales.
Apoyo y Oposición
El clima político estuvo polarizado. Liviu Dragnea, entonces líder del PSD, expresó que, aunque su partido estaba de acuerdo con el referéndum, consideraba que la consulta era "inútil" y sugería que era una estrategia de Klaus Iohannis para intervenir en la campaña electoral y favorecer a ciertos partidos. De manera similar, la Alianza de Liberales y Demócratas (ALDE) mantuvo una postura crítica sobre la utilidad del proceso.
Resultados y Validación
Para que los resultados fueran válidos, se requería una participación electoral superior al 30% y que el número de votos válidos superara el 25% de los votantes registrados. Ambos umbrales fueron superados, validando así el proceso. Las dos propuestas fueron aprobadas por amplios márgenes, reflejando un deseo contundente de la ciudadanía rumana de fortalecer la lucha contra la corrupción y limitar la interferencia ejecutiva en la justicia.
