El caso United States v. American Library Association, 539 U.S. 194 (2003), fue una decisión fundamental de la Corte Suprema de los Estados Unidos en la que se determinó que el Congreso tiene la autoridad para exigir que las escuelas póblicas y bibliotecas que reciben descuentos E-Rate instalen software de filtrado web como condición para recibir fondos federales, tal como lo requiere la Children's Internet Protection Act (CIPA) del año 2000.
Antecedentes del Caso
La Children's Internet Protection Act (CIPA) fue aprobada por el Congreso en el año 2000. Esta ley representó la el tercer intento del Congreso por regular la obscenidad y la indecencia en Internet, siguiendo a la Communications Decency Act de 1996 y la Child Online Protection Act de 1998, las cuales fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema debido a problemas de vaguedad y amplitud excesiva que no superaron la prueba de escrutinio estricto.
CIPA requirió que, para calificar para la asistencia federal en la construcción de conexiones de red y laboratorios de computación, las escuelas y bibliotecas póblicas debían instalar software que bloqueara imágenes consideradas obscenas y otros materiales que pudieran ser peligrosos para los menores de edad. Estas exigencias se aplicaban a cualquier institución que recibiera fondos bajo el programa E-rate o subvenciones de la Library Services and Technology Act (LSTA).
El Desafío Legal
La American Library Association (ALA) impugnó la ley, argumentando que obligaba a las bibliotecas a restringir los derechos de la Primera Enmienda de los usuarios que daban su consentimiento. El caso comenzó en el Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Pensilvania, el cual dictaminó que CIPA era inconstitucional por restringir el discurso en un foro póblico. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos apeló esta decisión directamente ante la Corte Suprema.
La Decisión de la Corte
En una decisión de pluralidad escrita por el Juez Presidente Rehnquist, la Corte Suprema revirtió la decisión del Tribunal de Distrito y afirmó la constitucionalidad de CIPA. Los puntos clave de la sentencia fueron:
- Flexibilidad de los filtros: La Corte sostuvo que CIPA solo requirió la instalación de los filtros, pero no obligaba a las bibliotecas a exigir que todos los usuarios los usaran, permitiendo que los usuarios solicitaran que los filtros fueran desactivados.
- Definición de Foro Póblico: La Corte determinó que el acceso a Internet en las bibliotecas póblicas no es un "foro póblico tradicional" ni "designado", comparando el acceso a Internet con una extensión tecnológica de las estanterías de libros.
Opiniones Disidentes
El Juez John Paul Stevens argumentó que CIPA condicionaba ilegalmente la recepción de fondos gubernamentales a la restricción de los derechos de la Primera Enmienda. Por otro lado, el Juez David Souter afirmó que la ley no estaba estrechamente adaptada para lograr el interés gubernamental, calificóndola como una forma de censura que impediría a los adultos de acceder a discursos legalmente protegidos.
Impacto y Consecuencias
El fallo fue recibido con decepción por la American Civil Liberties Union (ACLU), aunque reconocieron que el hecho de que los adultos pudieran solicitar la desactivación de los filtros minimizaba el impacto de la ley. Años después, en 2016, el Tribunal de Apelaciones de Wisconsin dictaminó en el caso Wisconsin v. David J. Reidinger que un usuario de biblioteca no tiene un derecho de la Primera Enmienda para ver pornografía en una biblioteca póblica, reforzando la idea de que tal conducta puede ser considerada una perturbación.
